¿Otro año sin debate presupuestario?
Resultaría insólito que el gobierno de Javier Milei prescinda de habilitar el tratamiento del presupuesto nacional 2025 en las sesiones extraordinarias del Congreso. No solo por tratarse de la ley de leyes, como bien se la ha denominado, sino también porque sería el segundo año consecutivo en que el cálculo de gastos y recursos quedaría sometido a la absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, un hecho que no registra antecedentes en nuestra historia democrática.
En los últimos 13 años, el Estado funcionó con presupuestos de prórroga en 2011, 2020, 2022 y 2024. En todos esos casos, la prórroga habilitó un manejo discrecional de los gastos por parte del Poder Ejecutivo. Algo que va contra la naturaleza del sistema republicano y democrático que impone la Constitución nacional y que, además, alimenta el presidencialismo, especialmente en tiempos de elevada inflación. Nunca antes, sin embargo, se registraron dos prórrogas consecutivas, como podría suceder ahora.
Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno llamaría a sesiones extraordinarias del Congreso con un temario que comprendería cuestiones tales como la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y modificaciones en la forma de financiamiento de los partidos políticos, el juicio en ausencia, una norma antimafia, la ley de reiterancia y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Curiosamente, no se incluyeron en ese listado de temas ni el proyecto de presupuesto 2025, enviado por el Poder Ejecutivo a fines de septiembre a la Cámara de Diputados, ni la vital ley de ficha limpia, cuyo tratamiento fracasó en la Cámara baja por falta de quorum, pese a que el propio Presidente había destacado su importancia al inaugurar el último período de sesiones ordinarias el 1º de marzo pasado.
Tras ese anuncio del vocero, llamativamente hasta las últimas horas, el decreto presidencial que convocaría a sesiones extraordinarias se fue demorando. Al mismo tiempo, ganaba terreno el descontento entre distintos sectores de la oposición y cobraban fuerza las conjeturas acerca de las dificultades para que, en lo que queda de diciembre, existiera voluntad de los bloques parlamentarios de tratar los temas propuestos por el gobierno nacional.
Nunca antes se registraron dos prórrogas presupuestarias consecutivas, como podría suceder ahora
Por primera vez en mucho tiempo, un gobierno planteó un presupuesto con una estricta regla fiscal, tendiente a que los gastos del Estado no superasen los ingresos de la administración pública. Paralelamente, estimó una inflación anual del 18% y un crecimiento de la economía del 5% para el año próximo. Seguramente, esas metas chocarán con los designios de sectores que han venido alentando el populismo fiscal durante muchos años y también con gobernadores provinciales poco dispuestos a ajustar sus elefantiásicas administraciones, asociadas con el clientelismo electoral y el empleo público improductivo. De ahí que no pocos observadores crean que el gobierno nacional podría sentirse cómodo prorrogando el presupuesto de 2023 y manejando los recursos a su arbitrio antes que llevar adelante prolongadas y complejas negociaciones con la oposición para la sanción de la ley presupuestaria.
Algo de eso dejó trascender el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien defendió la exclusión del proyecto de ley de presupuesto del temario de sesiones extraordinarias, con el pretexto de que “si para que pase el presupuesto hay que arriesgar o sacrificar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena”. En declaraciones a LN+, el titular del Palacio de Hacienda puntualizó: “Comprometer el equilibrio fiscal nunca va a ser el caso nuestro”.
Debe rescatarse el empeño de las autoridades nacionales por el mantenimiento de la disciplina fiscal, clave para el ordenamiento de la economía y la generación de confianza inversora. Sin embargo, el antecedente de dos prórrogas presupuestarias sucesivas junto a la falta de debate parlamentario de la ley de leyes también provoca incertidumbre entre los actores económicos, además de un déficit institucional que puede no tardar en afectar en forma negativa el normal desarrollo de un sistema republicano, representativo y federal que deberíamos cuidar entre todos.
Será vital que el primer mandatario comprenda que el desarrollo económico no solo depende de las buenas políticas económicas, sino también de la calidad institucional.
El buen desenvolvimiento económico también depende de la calidad institucional y parte de eso es que la ley de leyes sea discutida en el CongresoLA NACION
