Nación adeuda certificados desde octubre y la Cámara advierte sobre posibles ‘despidos masivos’

El presidente de la delegación La Pampa de la Cámara Argentina de la Construcción, Adrián Pérez Habiaga, aseguró que el Gobierno Nacional adeuda pagos a las empresas locales que construyen obras acordadas con Nación desde octubre del 2023, situación que ‘está tornando inviable’ la continuidad de las mismas y, por extensión, pone en riesgo centenares de empleos.

Pérez Habiaga explicó que la deuda ‘se trata de obras que ya están levantadas’ porque el sistema implica que el inicio de la construcción lo comienza la empresa y a medida que se van certificando los avances, el Estado contratista va pagando.

En este sentido, si bien la deuda está facturada, explicó que “el problema es que no hay respuestas, no hay funcionarios a nivel nacional que respondan ni que hagan transferencias, que te digan si hay o no plata, si las obras van a continuar o no… nadie sabe. Así es muy difícil seguir con las obras porque no se puede prever si la van a pagar o no”.

Hallar ese interlocutor, explicó, es más urgente que una eventual demanda judicial, incluso. “Es que lo que se trata es de realizar la obra, para cobrarla. Una demanda, como la justicia es lenta, no hará que se salve la empresa, más allá de que alguien, alguna vez, lo cobre”, dijo.

Aseguró que la situación afecta a las afiliadas a la Cámara de todo el país, cerca de 1400 empresas. “De hecho, las dos areneras más importantes del país a nivel nacional están cerradas por la cesación de pagos. La construcción es la madre de las industrias, y se calcula que por cada puesto de empleo directo se genera uno indirecto. Bueno, lo mismo pasa cuando se deja de construir, pero en efecto cascada”.

“De hecho, a nivel nacional, son varias las empresas que paralizaron todas las obras que tenían”, puesto que la mayoría funciona a partir de la obra pública costeada por el Estado. “La Cámara hizo un análisis de cómo es la inversión den los países más capitalistas del mundo, y sólo el 20% se hace con capitales privados”, como sugiere el Gobierno Nacional.

“La realidad es que el 80% se hace a través de la obra pública porque para que un privado haga una tiene que ser rentable, es decir, que dé ganancias una vez terminada. Acá en la Argentina, eso puede reducirse a los ingresos a grandes ciudades o las autopistas, o algún puerto u obra particular, pero son muy pocas”, amplió.

Insistió en que la “incertidumbre” y la falta de interlocutores es total. “Al presidente de la Cámara no lo atiende nadie, así que no hay diálogo. Esa incertidumbre es total y no sabés qué hacer, si seguir invirtiendo el capital de trabajo que quizás no recuperes más, con el riesgo de entrar en una convocatoria de acreedores o quebrar, directamente…”

Al respecto, remarcó que el Consejo Federal -organismo formado por representantes de las diferentes cámaras provinciales- emitió un comunicado ‘de urgencia’ luego de una reunión la semana pasada en la que se advirtió que “en 4 o 5 semanas más se corta la cadena de pago y va a hacer despidos masivos”.

Tras cuestionar los cambios de parámetros utilizados por el Gobierno Nacional en la temática, Pérez Habiaga diferenció la postura del Provincial, que genera algún alivio en la realidad de las empresas pampeanas.

“Las obras públicas que licitó el Gobierno Provincial siguen en marcha y se pagan en tiempo y forma, más allá de los problemas que genera la inflación y que habrá que charlar luego porque están desfasadas en costos. Pero la intención es terminar con las obras que estén en marcha. Es más: el ENHOSA es un organismo nacional que hace obras de saneamiento y el Gobierno las está pagando independientemente de que Nación pague o no, el FONAVI lo mismo… La intención es cumplir con los contratos”, evaluó.