Los débiles “controles” del FISU, el fideicomiso ligado a Grabois que manejó $500.000 millones
El controvertido Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU), apuntado como una caja política sin transparencia, tiene un elaborado sistema de control alrededor de su actividad, pero prácticamente se mantuvo sin funcionamiento y favoreció su opacidad. Si bien Fernanda Miño, la responsable de la secretaría que lo ejecutó, y Juan Grabois, su jefe político, dijeron públicamente que hubo controles, un informe de la SIGEN al que accedió LA NACION destaca que no hubo ninguna auditoría en 2020 ni en 2021. Entre 2022 y 2023 se realizaron cuatro informes, pero tres fueron realizados sobre el BICE (Banco Argentino de Desarrollo), el fiduciante, y uno solo sobre el FISU, el fiduciario. Si bien no se trata de información pública, fuentes oficiales comentaron que esos reportes fueron resumidos en uno solo, que se encuentra en poder de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, y que denotan “debilidades en el sistema de control interno”, entre otros problemas que serían denunciados por el Presidente en su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa.
Miño también aseguró en su cuenta de la red X y por radio que hubo un control de la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2023, pero Miguel Ángel Pichetto, quien la gestionó por parte de la oposición hasta diciembre, comentó que no se realizo ninguna, sino que fue aprobado un pedido para auditar desde enero de 2019 a diciembre de 2022, pero con inicio de tareas recién para agosto de este año. Por lo tanto, todavía no se concretó la revisión.
El FISU, según los números a los cuales accedió LA NACION, manejó $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años, pero solo concluyó el 6% de la obra.
“Desde la Oficina Anticorrupción, la Auditoría, etcétera, ninguno salió a hacer un solo comentario al respecto, salvo el secretario de Integración Urbana que se llama [Sebastián] Pareja, que dijo que todos los balances estaban bien y que no había irregularidades, por eso, es una clara operación de desprestigio”, dijo Juan Grabois. Sin embargo, en ningún sistema de ambos organismos, AGN y Sigen, aparecen auditorias hechas al FISU.
En comunicación con LA NACION, Pareja, que este jueves se constituyó como presidente del fondo, dijo que hasta el momento no ha detectado irregularidades en el área financiera, aunque espera un informe de una auditoría interna para comprobar los resultados de ejecución y gestión del FISU. “Todavía no tengo información sobre eso. Cuando la tenga, y si arroja problemas, se harán las denuncias que correspondan”, explicó, y añadió que el estudio se ordenó el 5 de febrero y que este viernes dio de baja los contratos con universidades para el control.
Además de estos dos organismos estatales, el fondo firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción, como apuntó Grabois. Exfuncionarios del área explicaron a LA NACION que no se revisaron si existían irregularidades, sino que se encargaron de hacer talleres con cerca de 60 cooperativas sociales para que apliquen criterios internos de transparencia. No se habrían encargado de controlar el flujo interno del fondo.
También cumplieron un rol las universidades y otras entidades. La Universidad de la Matanza estuvo encargada, a partir de enero del año pasado, de auditar cerca de 30 obras en todo el país. Fuentes de la casa alta de estudios comentaron que en sus informes se plantearon múltiples veces graves problemas de calidad, a tal punto que hubo obras que sufrieron clausuras. El trabajo consistía en que ingenieros y arquitectos asistan a los proyectos de cloacas, alumbrado y reformas para corroborar que los aspectos técnicos sean correctos, lo que no se confirmaba en la practica. Se detectaron fallas, demoras (obras que iban a un 60% en seis meses cuando a esa altura debían estar finalizadas) y una fuente al tanto de estas auditorías aseguró que funcionarios del FISU solicitaron que “sean menos estrictos”.
La Universidad Tecnológica Nacional fue la responsable de auditar las obras en el área metropolitana de Buenos Aires. Tampoco son de acceso público esos informes ni hay constancia de su existencia, pese a las reiteradas consultas de LA NACION al rectorado, el órgano que fue directamente responsable de ejecutar los controles. El listado para cada distrito es el siguiente:
Buenos Aires (con excepción del Área Metropolitana): Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)Catamarca: Unión de Arquitectos de CatamarcaChaco: Centro de Ingenieros del ChacoChubut: Consejo Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de ChubutCórdoba: Colegio de Ingenieros Civiles de CórdobaCorrientes: Sociedad de Arquitectos de CorrientesFormosa: Universidad Nacional de FormosaJujuy: Colegio de Ingenieros de JujuyLa Pampa: Colegio de Arquitectos de La PampaLa Rioja: Consejo Profesional de la Ingeniería de La RiojaMendoza: Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza / Colegio de Arquitectos de MendozaMisiones: Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Misiones y Colegio de Arquitectos de MisionesRío Negro: Universidad Nacional del Comahue / Colegio de Arquitectos de Río NegroNeuquén: Colegio de Ingenieros de Neuquén / Universidad Nacional del ComahueSalta: Fundación Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines – SaltaSan Juan: Colegio de Ingenieros Civiles de San JuanSan Luis: Colegio de Arquitectos de San LuisSanta Fe y Entre Ríos: Universidad Nacional de RosarioSantiago del Estero: Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de Santiago del EsteroTierra del Fuego: Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur / Colegio de Arquitectos de Tierra del FuegoTucumán: Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán
La Universidad de Lanús (UNLA) estuvo encargada de auditar todas las obras a partir de los programas ejecutados a través del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
PwC, la multinacional de auditoría, fue la empresa encargada del control financiero. Según fuentes de la compañía, solamente se encargaban de controlar que los fondos correspondientes corran en el fideicomiso, es decir que se transfieran los montos del BICE al FISU. No tenían que controlar la gestión interna ni la ejecución de los proyectos.
Hubo escasas auditorías y demoras en las revisiones que permitieron que se manejara como una caja políticaLA NACION
